La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores desde su entrada en vigor, ha sido objeto de varias reformas, siendo la última la producida mediante Ley Orgánica 8/2006, que ha tenido como objeto político-criminal, endurecer la respuesta penal a los menores de edad entre 14 y 18 años. Esta reforma ha eliminado la aplicación de la ley a los mayores de 18 y menores de 21 años, así como se ha posibilitado que a partir de la mayoría de edad, el cumplimiento de las medidas se efectúe en Centros Penitenciarios destinados a personas adultas.